Emergencia nacional

Después de Siria, bombardeada por Rusia y Estados Unidos, México es el país con más homicidios en el mundo. Hemos rebasado a Afganistán en violencia y en cuanto asesinatos a periodistas también el país lidera las listas. La negación de una guerra, muy compleja, en México y de una emergencia nacional que mina la gobernabilidad y el estado de derecho, sólo prolongan una situación que puede derivar en un estado de excepción.

La reciente ejecución de un civil a manos de un militar en Puebla es la muestra del nivel de violencia que ha alcanzado la nación, y se trata de un caso entre muchos, donde fuerzas armadas llevan a cabo ejecuciones como en Tlatlaya o Acteal, algunas, en colusión con el crimen organizado como el caso Ayotzinapa.

El respaldo social a las ejecuciones bajo el argumento de que se trata de criminales también es el termómetro del clima de violencia que vive el país, la asimilación de los ciudadanos de las fosas clandestinas, los desaparecidos, descuartizados y ejecutados exhiben una cultura que avanza hacia la fuerza como la solución de los problemas y una malsana idea de que el castigo debe ser la muerte o la mutilación.

El principal problema del estado mexicano es su incapacidad y desinterés por hacer cumplir la ley. Por loable que sea un marco legal sensato que aborde los problemas del país o una impartición de justicia apegada al derecho, el mal funcionamiento del poder Ejecutivo, encargado de hacer cumplir la ley, dirige la nación hacia la ingobernabilidad y la aceptación de lo inadmisible. Ya sea por colusión con el crimen organizado, falta de recursos (corrupción) o incapacidad política, el estado se ve rebasado y los vacíos de poder los llena el crimen, asimismo el vacío económico y social lo suplanta el crimen organizado, como se ve en Puebla y en muchos estados de la República.

La guerra en México es muy compleja y cada vez más innegable, el expresidente Felipe Calderón declaró abiertamente una guerra al narcotráfico y no hay motivo para pensar que terminó con la llegada de Enrique Peña Nieto pues sigue la misma estrategia militar fallida del gobierno anterior.

Lo más peligroso es el desgaste que vive el ejército después de más de diez años de combate pues en muchas regiones es el único que puede mantener el orden frente al crimen creciente.

La urgencia en las cámaras de regular en una ley de seguridad interior la actuación de los militares en tareas policiales es una muestra más del estado de guerra en el que se encuentra México: ningún país que necesite a sus soldados para resguardar la seguridad se encuentra en un pleno estado de derecho.

La salida de una situación como la que viven Siria, México y Afganistán no es sencilla ni rápida, demorará quizá décadas para restablecer el orden civil y el cumplimiento de las leyes, porque el gobierno mexicano acostumbró durante muchos años a la ciudadanía a que puede cometer ilícitos con impunidad porque la persecución del delito no es prioridad y las instituciones encargadas de ello revictimizan y hacen todo lo posible porque denunciar sea tan tortuoso como sufrir un delito.

El camino hacia la gobernabilidad en el país debe pasar por un gran pacto social, el ataque a las aristas económico-políticos del crimen, la profesionalización de los cuerpos policiacos y la educación cívica para asimilar que el crimen se castiga conforme a derecho, no con juicios sumarios con sentencia de muerte.

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